Basavilbaso, a indagatoria por presunta corrupción

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El titular de la Anses , Emilio Basavilbaso , fue citado a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en una causa en la que se investiga la venta de las acciones que el Estado tenía en Petrobras a Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin. Se trata de la primera citación de este tipo a un funcionario de primera línea de la gestión de Mauricio Macri.

Bonadio citó además a otros cinco ejecutivos y exejecutivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el conjunto de activos financieros que administra la Anses tras el traspaso de las AFJP al Estado.

La operación bajo investigación se concretó luego de que Pampa Energía le compró a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. Eso condujo al grupo de Mindlin a ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra -mediante oferta pública obligatoria de adquisición (OPA)- del resto de las acciones.

El holding también ofreció un canje voluntario: 0,52 acciones de Pampa Energía por cada acción de Petrobras. Así, los pequeños accionistas podían optar entre vender los papeles de la petrolera, canjearlos o retenerlos.

En un principio, el precio de la OPA de Pampa Energía fue de $9,40. Pero los directores independientes de Petrobras consideraron que el valor “no era razonable” y la CNV pidió rectificar el precio, que pasó a $10,37.

El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte en noviembre de 2016. Optó por el efectivo, a un valor de $10,37 por acción. Recibió en total $2.482.140.001. La denunciante de esta causa, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), esgrimió que tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de PESA aumentaron en los meses subsiguientes a un valor cercano a los $18.

Desde la Anses siempre justificaron que “si bien hay diferencia con la cotización posterior, eso no significa que esa ganancia hubiera sido realizable, dado que fue afectada su liquidez”.

Fuentes oficiales señalaron a este medio: “Hacer un juicio de valor después de la operación, y sabiendo cómo se comportó el mercado, es injusto. Estas operaciones están sujetas a la volatilidad del mercado. La decisión se tomó con el compromiso de cuidar y hacer crecer el FGS”. Agregaron que el organismo “hizo un análisis de la conveniencia con la información disponible” para tomar la decisión.

La investigación

Para determinar si existió, o no, un perjuicio al erario público Bonadio citó a testificar a las cuatro evaluadoras privadas que habían recomendado un precio para las acciones de Petrobras.

De acuerdo a la documentación pública de la CNV, las evaluadoras convocadas por Mindlin consideraron que el valor de la acción de Petrobras oscilaba entre los $8,69 y los $9,72. Una de las consultoras convocadas por Petrobras fijó el precio entre los $11 y los $14,22 mientras que la otra planteó un rango de entre $10,01 y $15,25, sujeto a la renovación de una zona de explotación en Neuquén, que luego se prorrogó con éxito.

Durante su pesquisa, en tanto, el juez tuvo un episodio inesperado. En la causa se presentaron denunciantes anónimos, presuntos traders que se dijeron perjudicados y ofrecieron nuevos datos.

A raíz de esa denuncia, el magistrado pidió nuevos expedientes de la operación a la CNV y a la Bolsa de Valores. Bonadio, por último, realizó una comparación con otras OPA de la misma época para observar el comportamiento del Estado.

Las seis indagatorias serán entre el 30 de julio y el 7 de agosto.