Acusan al Gobierno catalán de rebelión, sedición y malversación

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La Fiscalía General del Estado español acusó el lunes de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos al destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gobierno por la declaración unilateral de independencia proclamada la semana pasada en la región.

El fiscal general, José Manuel Maza, anunció en una comparecencia que la querella se extenderá también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los líderes catalanes que organizaron el referendo de independencia, declarado ilegal por Madrid.

“Con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el 27 de octubre”, dijo Maza.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, asumió el control de la región el viernes, despidió al gobierno y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros del gobierno catalán, incluido Puigdemont, dijeron que no aceptan la medida y que solo los catalanes pueden despojarlos de sus cargos.

NORMALIDAD

Empleados del Gobierno catalán ignoraron el lunes los llamados a la desobediencia civil y se presentaron a trabajar, mientras que los partidos secesionistas acordaron presentarse a la elección de diciembre. En tanto, en las calles de Barcelona las cosas transcurrieron con normalidad.

Uno de los 140 altos funcionarios nombrados directamente por el gobierno saliente describió la situación como “normal” y dijo que aún no había recibido ninguna carta de despido.

“Nosotros, los funcionarios, queremos que todo sea normal. Las cosas tienen que continuar. El trabajo diario todavía tiene que hacerse”, dijo el funcionario, que trabaja con el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

En tanto, una fuente de alto rango del Gobierno español dijo el lunes que Puigdemont viajó a Bélgica con cinco exconsejeros catalanes, informó la prensa local.

El abogado belga Paul Bekaert, cuya web dice es miembro de una organización de defensa de derechos humanos, confirmó que Puigdemont lo contrató, pero no dijo si estaba trabajando en una petición de asilo.

“Soy su abogado en caso de que me necesite. De momento, no estoy preparando ningún dossier específico para él”, dijo a Reuters Bekaert.

Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6.207.450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.

En tanto, la agencia Fitch dijo que continúa considerando la secesión de Cataluña como algo “muy improbable” y aseguró que la actual calificación de España refleja las persistentes tensiones con la región que busca su independencia.