Aranguren ya prepara el terreno para un nuevo tarifazo

16 Jun, 2017

Será después de las elecciones. Tendrá vigencia desde el 1 de noviembre. Ahora, el Gobierno comenzó a dar la batalla discursiva: le pidió a las empresas que empiecen a reclamar un incremento en las tarifas, justificándolo con inversiones.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, le pidió a las empresas del mercado eléctrico argentino que empiecen a reclamar públicamente un incremento en las tarifas, que les será negado hasta noviembre.

La estrategia del expresidente de Shell consiste en ir preparando el terreno para volver a subir las tarifas en noviembre próximo, con retroactividad a el 1 de ese mes, después de las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre.

En ese sentido, la agencia estatal Telam publicó este viernes 16 de junio una nota en la que la empresa transportadora Transener, con uno de los peores servicios en el país, sale a sostener que se necesitarán inversiones para mejorar la capacidad eléctrica.

La compañía Transener, concesionaria de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión, advirtió que el crecimiento de la demanda requerirá en los próximos años importantes inversiones a fin de garantizar un “aumento de infraestructura para diversificar los puntos de inyección de potencia”, dice Telam.

Transener alertó sobre el cuadro actual “cercano a la saturación” en los distintos corredores, en presentaciones realizadas ante el Ministerio de Energía y Minería y Cammesa. Esa situación se verifica en los tramos NEA-Litoral-Gran Buenos Aires y Comahue-Gran Buenos Aires, en función de los despachos de la actual generación.

“Un crecimiento de la demanda del orden de 3% anual, a 8 años vista, implica un 26% de expansión, que representa 6.664 MW adicionales al récord registrado” en el uso de la potencia instalada, que fue de 25.628 MW el 24 de febrero pasado a las 14:25 horas, según el documento al que accedió Télam.

La preocupación, expresada por el director técnico de Transener, Pablo Tarca, radica en que los plazos de las obras a realizar “son del orden de 24 a 36 meses a partir de la firma de los contratos”.

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