Odebrecht: fiscales se vuelven de Brasil sin datos

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La justicia brasileña reclama el principio de indulgencia con los delatores. Argentina no puede instrumentarlo.

En el corazón del área administrativa de Brasilia, ciudad atravesada por el Lava Jato uno de los mayores escándalos de corrupción del país, se realizó una reunión que dejó más dudas que certezas. Durante dos horas, el vice procurador general de Brasil José Bonifacio Borges de Andrada y el fiscal a cargo de la oficina de cooperación internacional, Vladimir Aras, recibieron a al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y a los fiscales Carlos Stornelli y Franco Picardi.

Las diferencias entre las leyes que avalaron en Brasil el acuerdo con Odebrecht garantizando el principio de indulgencia a los delatores, y las normas de nuestro país presentan una complicación. Argentina aún no obtendrá información, ya que la justicia brasileña está aún analizando “qué es relevante para el país”, y los fiscales ven dificultades para una futura cooperación. “Todo se analizará en función de nuestro ordenamiento legal interno”, dijo Rodríguez a Clarín.

En tres años de la Operación Lava Jato, el Ministerio Público Federal realizó acuerdos de cooperación internacional con 43 países. Entre ellos, 14 ofrecieron informaciones a Brasil. Los demás fueron solicitudes de información requeridas a este país. Como telón de fondo, Odebrecht busca obtener en Argentina los mismos beneficios que en otros países donde firmó acuerdos de culpabilidad obteniendo indulgencia. En nuestro país y durante el gobierno kirchnerista, la constructora obtuvo tres grandes obras por más de 5.000 millones de dólares, bajo investigación judicial por presuntas coimas y sobreprecios.

Ayer, en el auditorio de la Procuraduría General de la República, Vladmir Aras capitalizó la conferencia. Allí, con los fiscales argentinos sentados a su lado, oficializó su postura sobre el principio de indulgencia, según el cual le garantizan a los delatores que la información proporcionada, no puede ser utilizada en su contra. “Pretenden que los demás países hagan lo mismo, pero nuestra legislación tal como está no lo permite”, dijo una fuente judicial a Clarín.

Invocando la convención de la ONU contra la corrupción como marco regulador, Aras remarcó que se avanza en un acuerdo. Sin embargo, los fiscales argentinos mostraron más cautela. Por ejemplo, Argentina no contempla la indulgencia.

Sobre la obtención de detalles respecto a la información que sería relevante para las causas que avanzan en Argentina, Rodríguez aclaró: “No llevamos documentación porque no está disponible aún, está en trámite entre el Ministerio Público y el Superior Tribunal brasileños”, indicó el titular de la PIA. “Cuando nos informen que la documentación esté disponible se pautará otro encuentro para determinar cómo se enviará”, indicaron cerca de los fiscales.

No hay plazos aún para que la documentación comience a llegar a nuestro país. Cuando esté liberada, “se deberá firmar un acuerdo de cooperación” que contemplará condiciones “que habrá que ver si son admisibles para nuestras leyes”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Los fiscales argentinos buscan que se avance en la conformación de un equipo conjunto de investigación, bilateral, “para que la información fluya de manera más fluida y menos burocratizada”, dijo Rodríguez. En relación a esto, por el volumen de la información, Vladimir Aras explicó que se “debe analizar qué tiene relevancia para la justicia argentina” y después se determinará cómo se compartirá la misma.

En este escenario, y con Odebrecht investigada en Argentina, los fiscales de ambos países coinciden en “profundizar la cooperación internacional y los contactos directos entre ambos Ministerios Públicos”.

Odebrecht “invitó” a sus ejecutivos a sumarse al programa de delación premiada para ampliar el “acuerdo de indulgencia”. Este acuerdo fue firmado a fin del año pasado con el Ministerio Público federal y fue homologado el 22 de diciembre por el juez Sergio Moro, del juzgado federal de Curitiba. La compañía garantizó “total apoyo jurídico”. De esta forma podrían ampliarse aun más las fuentes de información para el conjunto de delitos cometidos por la firma, tanto en Brasil como en el exterior.

Fuente: Clarín