¿Avanzará la Justicia sobre Coto o todo quedará en la nada?

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El empresario multimillonario fue imputado por guardar en forma ilegal, entre otros, 227 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego y 2 de lanzamiento. ¿Avanzará la Justicia por este delito o todo quedará en la nada?

La fiscal Paloma Ochoa imputó al supermercadista Alfredo Coto, y también a su hijo Germán Alfredo Coto, junto a los funcionarios del ANMAC (ex Renar) que tuvieron participación en el procedimiento llevado a cabo en el deposito del supermercado familiar, donde se halló un arsenal de armas no declaradas perteneciente a las fuerzas de seguridad y que desde el organismo nacional se dio la orden de ocultar el caso.

La causa 3552/16 se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos e investiga la fiscal Paloma Ochoa.

La fiscalía ya le tomó declaración a los implicados: el jerarca de la familia don Coto, su esposa Gloria García de Coto, su hijo Germán Alfredo Coto y el jefe de Seguridad de Coto y apoderado de la firma, Alejandro Nievas Blanco, según informó la web El Disenso.

El pasado 30 de agosto de 2016 la ANMAC, luego de recibir una denuncia a través de un correo electrónico anónimo, realizó una inspección en el depósito del supermercado familiar de la calle Paysandú 1842 en Caballito.

El arsenal encontrado conmocionó a los inspectores: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.

Luego de iniciada la investigación, se encuentra probado que Coto tenía en su poder explosivos y armas de fuego de manera ilegítima, a las que se les había borrado y/o adulterado la marca de parte de las armas incautadas por la justicia.

Si bien la empresa posee permiso del ex Renar para operar armas de fuego, el mismo venció 2 años atrás por lo que de ser encontrados culpables de “acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la autorización requerida“, el Código Penal estipula reclusión o prisión de 4 a 10 años.